Vecinos de Ranchos Guayama de Salinas solicitan desestimar demanda incoada por CODEPOLA

Luego de dos años de litigio la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico no ha presentado pruebas que demuestren los supuestos daños causados por residentes que se oponen a la construcción de un campo de tiro

Guayama, Puerto Rico. 11 de septiembre de 2024 – Vecinos de Ranchos Guayama de Salinas se manifestaron hoy frente al Tribunal de Guayama donde se llevaría a cabo una vista presencial del caso incoado por el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, en contra de residentes de la comunidad y miembros de la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA).

 “Este caso, que se remonta a 2021, involucra a nuestra comunidad que ha sido víctima de amenazas e intimidaciones constantes por parte de Ariel Torres Meléndez, presidente de CODEPOLA. En aquel momento, Torres Meléndez envió una carta intimidatoria contra mí, el Sr. Rafael Díaz Casiano, y la organización ASPA, amenazándonos con una demanda por difamación. Todo esto por oponernos al desastroso campo de tiro que comenzó a construir de forma ilegal en nuestra comunidad”, explicó José Cora Collazo, presidente de ASPA.

La amenaza del presidente de CODEPOLA se concretó en 2022, cuando presentó una demanda por difamación y solicitó una orden de cese y desista, en un intento de silenciar los reclamos de la comunidad contra el campo de tiro.

“Es fundamental destacar que el tribunal ha multado a Torres en varias ocasiones debido a su negativa a presentar pruebas y por dilatar intencionalmente el proceso judicial”, dijo José Cora.

“Tras dos años de espera, se llevará a cabo la primera vista presencial en el Tribunal de Guayama, donde solicitaremos la desestimación de las demandas presentadas por Ariel Torres y CODEPOLA. Hasta el momento, Torres no ha presentado pruebas que demuestren los supuestos daños causados por José Cora, Rafael Díaz y ASPA, y se ha negado repetidamente a proporcionar la evidencia necesaria, como sus planillas fiscales”, añadió.

Desde 2021, Ariel Torres ha utilizado plataformas como Facebook para difamar e insultar a los miembros de la comunidad, llegando a realizar comentarios ofensivos y degradantes hacia los residentes de Ranchos Guayama.

“Simultáneamente, figuras políticas como el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo, la representante Estrella Martínez Soto y el senador Héctor Luis Santiago Torres han impulsado leyes que parecen favorecer a Ariel Torres y su organización, en lugar de proteger a nuestra comunidad. La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, y el alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, han optado por guardar silencio convirtiéndose en cómplices de los crímenes ambientales cometidos por este individuo”, comentó Cora.

El presidente de CODEPOLA ha afirmado públicamente contar con el respaldo del controversial hidrólogo Ángel Román Mas, quien realizó un estudio cuestionable que niega la existencia del acuífero del sur. Sin embargo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ha confirmado la existencia del acuífero, así como la tala ilegal de árboles y otras actividades sin los permisos correspondientes en la zona.

Ángel Román Más estuvo involucrado con el polémico proyecto del Condominio Sol y Playa en Rincón, donde inicialmente se permitió construir una verja y una piscina en la zona marítimo terrestre. Dichos permisos fueron revocados.

El líder de Ranchos Guayama también recordó el caso del depósito de neumáticos por parte de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

“Hace unos años la Guardia Nacional depositó miles de gomas en el terreno del propuesto campo de tiro, a petición de Ariel Torres. Una acción que no contaba con permisos y los neumáticos tuvieron que ser removidos. Confiamos en que hoy el juez atenderá nuestra solicitud y desestimará ambas demandas, haciendo justicia a una comunidad compuesta mayoritariamente por personas de la tercera edad, que desean vivir en paz y tranquilidad”, expresó José Cora.

El presidente de ASPA finalizó exhortando al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a “seguir el ejemplo del tribunal de Guayama y asignar un examinador para abordar esta situación con la seriedad que merece. Han pasado tres años desde que Ariel Torres y CODEPOLA admitieron los daños causados, sin que hasta la fecha se haya asignado un examinador para fijar las multas y restaurar el área afectada”.