Permisos sin frenos: las “reformas” del PNP que debilitan la protección comunitaria en Puerto Rico

Por Víctor Alvarado Guzmán
Secretario Asuntos Ambientales, PIP

Por años, el debate público ha girado en torno a un reclamo de un sector en Puerto Rico sobre el sistema de permisos existente catalogado como lento, burocrático e impredecible. A esa frustración podrían responder los dos proyectos de ley presentados recientemente por las facciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) que cogobiernan el país: Jenniffer González Colón desde Fortaleza y Tomas Rivera Shatz desde el Senado.

Ambos proponen una transformación profunda del modelo de permisos vigente. Sin embargo, tras el lenguaje de eficiencia y modernización, emerge una arquitectura legal que podría tener consecuencias duraderas —y potencialmente irreversibles— sobre el ambiente, la planificación territorial y la participación ciudadana.

Analicemos primero el Proyecto del Senado 1173, la pieza legislativa de la facción senatorial.

Esta propuesta se sostiene sobre dos pilares: la creación de un régimen automático de “intensidad máxima” para cada propiedad y la implementación de un Permiso de Construcción Integrado basado, en gran medida, en auto certificaciones y validaciones digitales. En conjunto, estos mecanismos redefinen el rol del Estado: de evaluador activo del interés público a verificador posterior de cumplimiento.

El cambio más significativo —y preocupante— es la eliminación de la discreción técnica. Bajo el nuevo esquema, las agencias no podrán considerar la “conveniencia” de un proyecto ni evaluar su impacto más allá de criterios preestablecidos. La intensidad de uso de un terreno, por ejemplo, se determinará mediante una fórmula que privilegia el uso histórico y el de propiedades colindantes. Si el uso propuesto no excede ese umbral, se considera automáticamente permitido.

A primera vista, esto parece razonable: reglas claras, menos arbitrariedad. Pero en la práctica, esta lógica convierte decisiones complejas en ejercicios mecánicos. Ignora factores esenciales como la capacidad de carga del entorno, los efectos acumulativos de múltiples desarrollos o los cambios recientes en el ambiente —incluyendo eventos climáticos extremos. En un país particularmente vulnerable a inundaciones, erosión costera y pérdida de biodiversidad, esta omisión no es menor.

Más aún, el proyecto consolida derechos adquiridos sin mecanismos efectivos de revisión. Usos intensivos del pasado —aunque hoy resulten incompatibles— quedan protegidos y replicables. La planificación deja de ser una herramienta para corregir o anticipar, y pasa a ser un espejo del pasado. El territorio, en lugar de ordenarse, se congela.

De la evaluación a la validación

El segundo componente, el Permiso de Construcción Integrado, profundiza esta lógica. La mayoría de los requisitos —ambientales, de diseño, arqueológicos y de infraestructura— podrán cumplirse mediante certificaciones juramentadas del propio proponente o de profesionales contratados. Las agencias, por su parte, quedan limitadas a validar información, muchas veces de forma automatizada a través de un portal digital.

Este modelo desplaza el momento crítico de evaluación, de antes a después de la construcción. La fiscalización se vuelve reactiva. Si hay incumplimiento, se sanciona. Pero el daño —una construcción en zona inundable, la afectación de un humedal, la sobrecarga de una infraestructura— ya ocurrió. En materia ambiental, esto contradice el principio de prevención, ampliamente reconocido como eje del derecho moderno: es más eficaz evitar el daño que repararlo.

La evaluación ambiental, precisamente, es uno de los ámbitos más afectados. El proyecto establece como regla general la exclusión categórica, pues la mayoría de los proyectos no requerirán análisis ambiental detallado. Solo en circunstancias específicas —y delimitadas— se activarán evaluaciones, que además deberán limitarse estrictamente a la condición identificada, sin permitir análisis integrales.

Este enfoque fragmenta la realidad. Un proyecto puede impactar simultáneamente un ecosistema, una comunidad y un sistema hídrico. Evaluar cada dimensión por separado —o peor, ignorar su interacción— reduce la capacidad de entender el impacto real. Incluso, y esto es contradictorio ante la visión estadista de los políticos proponentes, también abre la puerta a conflictos con marcos regulatorios federales como la National Environmental Policy Act, lo que podría comprometer acceso a fondos y exponer al gobierno a litigios.

De participación a objeción comunitaria

El proyecto también reduce la participación ciudadana, llamada ahora “objeción comunitaria”. El mecanismo de “consenso comunitario” se activa solo en casos donde el uso propuesto excede ciertos umbrales. Incluso la Oficina de Gerencia y Permisos podría revertir las objeciones de todos los colindantes y del municipio, si el proponente de un proyecto solicita una vista pública. En la práctica, la participación deja de ser un derecho amplio y se convierte en una excepción procesal.

Además, el proyecto redefine lo que es ser “colindante”, pues determina que no serán colindantes “las propiedades que, aun estando próximas, utilicen vías de acceso distintas”. Bajo esta premisa, en el terreno contiguo podrían proponer una construcción de un vertedero, una asfaltera o una antena de telecomunicaciones, que afectaría directamente a tu familia, pero como la vía de acceso son distintas no serás notificado y tu opinión no será tomada en consideración en el limitado proceso de “objeción comunitaria”.

Otro aspecto crítico es la validación de infraestructura. La ley permitiría aprobar proyectos sin contar con diseños finales de sistemas esenciales como agua, energía o alcantarillado, siempre que exista una recomendación preliminar de viabilidad. En un contexto donde ya existen déficits en estos servicios, esto podría facilitar desarrollos que superen la capacidad real del área.

Defensores del proyecto argumentarán que el sistema actual es insostenible y que la reforma es necesaria para estimular la economía. Pero la dicotomía entre eficiencia y protección es falsa. Existen modelos que logran ambos objetivos mediante procesos ágiles pero rigurosos, con tecnología al servicio —no sustituto— del juicio técnico.

La pregunta de fondo no es si Puerto Rico necesita reformar su sistema de permisos. La necesita. La pregunta es cómo. Este proyecto opta por una ruta que prioriza la velocidad sobre la prudencia, la automatización sobre la deliberación, y la certeza procesal sobre el interés público.

En un momento histórico marcado por la crisis climática, la presión sobre las áreas naturales y la creciente desigualdad territorial, debilitar los mecanismos de evaluación y participación no es una modernización, es una renuncia. Una renuncia a planificar el país con visión de futuro.

Aprobar este proyecto de la facción senatorial del PNP, tal como está redactado, no sólo transformaría el sistema de permisos; redefiniría la relación entre desarrollo, ambiente y comunidades en Puerto Rico. Y esa es una decisión que exige más que rapidez. Exige responsabilidad.