La EPA tiene una responsabilidad con los sobrevivientes de la masacre causada por AES Puerto Rico
El cierre de la planta de cabrón no es un asunto técnico, es un asunto de vidas
Por Víctor Alvarado Guzmán Secretario Asuntos Ambientales, PIP
Ante la visita a Puerto Rico del administrador de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA por sus siglas en inglés), Michael S. Reagan, especialmente a las comunidades de Miramar en Guayama y de Ranchos Guayama en Salinas, es importante recordar la responsabilidad que tiene esa agencia en la nefasta trayectoria de AES Puerto Rico (AES) en el país.
La construcción y operación de la planta de carbón de la empresa AES, ha conllevado un impacto terrible sobre las comunidades cercanas a sus instalaciones. Cientos de familias de escasos recursos, extrema necesidad y altamente vulnerables, viven un deterioro grave en su salud, y han visto morir desde niños hasta adultos mayores, por causa de la variada contaminación producida por la AES. Esto es un caso de injusticia ambiental.
La planta de carbón de AES contamina con tóxicos diariamente el aire que respiran cientos de miles de personas. La EPA lo constata a través del Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) que realiza regularmente.
Desde que comenzó a operar la planta en el año 2002 y hasta el 2019, la suma total de componentes peligrosos que AES emitió rebasó las 8.5 millones de libras y el 63% de estos fueron liberados al aire. Entre esas sustancias liberadas resaltan el arsénico, mercurio, amonio, bario, cromo, vanadio y ácido sulfúrico: un monumental coctel de tóxicos que inevitablemente ha afectado la salud de quienes viven las 24 horas del día, los 365 días del año, cerca de la carbonera, sin el beneficio de los filtros de aire HEPA (High Efficiency Particulate Arresting) que protegen en sus oficinas a los ejecutivos y empleados de la compañía.
Si a esto sumamos el polvo de cenizas tóxicas y de carbón que diariamente llega a las ventanas, mesas y pulmones de los residentes, no es de extrañar que en estudios realizados en el 2016 por estudiantes de maestría de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, y confirmados en un estudio del 2018, se descubriera una alta incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, asma pediátrica, urticaria, abortos espontáneos y bronquitis crónica en las comunidades de Miramar y Puente de Jobos. Sin lugar a duda, la planta de carbón de AES Puerto Rico impacta gravemente la salud de las personas.
También la AES contamina nuestros acuíferos. En el 2017, como requisito de la Regla de Residuos de la Combustión de Carbón de la EPA, AES comenzó a monitorear la calidad del agua en el acuífero bajo su central eléctrica, y se demostró que elementos peligrosos, como el selenio, litio y molibdeno, rebasaron entre cuatro y 14 veces los parámetros máximos permitidos por la agencia. En el 2020, se detectó el doble de la concentración de arsénico que la agencia federal establece como ‘seguro’ en cuerpos de agua.
La EPA sabía que esta contaminación ocurriría, no sólo porque en estados de E.E.U.U. existen casos de acuíferos contaminados con cenizas, como es el caso de Town of Pines en Indiana donde incluso establecieron un Superfondo, sino que en el 2012 hicieron un análisis sobre los residuos de la combustión de carbón almacenados por AES en el patio trasero de sus instalaciones en Guayama, y determinaron que estas cenizas permiten la percolación, el paso de sus elementos tóxicos hacia el suelo y acuífero.
Hay que recordar que 2 millones de toneladas de cenizas tóxicas están enterradas en 14 pueblos de Puerto Rico, muchas de esta sobre acuíferos o cercanas a ríos y quebradas.
Todos estos impactos causados por la planta de carbón fueron advertidos hace 26 años cuando las agencias evaluaban la Declaración de Impacto Ambiental para construir la planta de AES.
La EPA y el gobierno de Puerto Rico, tienen una responsabilidad con los sobrevivientes de esta masacre salubrista y ambiental causada por AES Puerto Rico. Deseamos que la esperanza que tiene el administrador de la EPA en que podamos “avanzar en la protección del medioambiente para todas las personas”, y que podamos “generar resiliencia a los impactos del cambio climático y reducir la contaminación, brindando aire, agua y tierra más limpios para todas las personas”, se transformen en acciones concretas.
Por eso algunas de las solicitudes a la EPA son las siguientes:
1. Establecer monitores de aire móviles o fijos en Guayama y Salinas, como se han colocado en otras comunidades.
2. Realizar pruebas al agua potable en los hogares de las familias cercanas a la planta de carbón y apoyar gestiones similares que está realizando el Colegio de Químicos de Puerto Rico.
3. Realizar pruebas de polvo fugitivo en los hogares de las familias cercanas a la planta de carbón.
4. Realizar muestreos y análisis de sedimentos del fondo de la bahía Las Mareas en Guayama.
5. Tomar acciones urgentes sobre el asunto de la mitigación inadecuada que realiza AES por la contaminación del acuífero en sus instalaciones.
6. Apoyo a la Resolución Conjunta del Senado 2 (RCS 2) que busca realizar estudios de salud en las comunidades cercanas a la planta de carbón y que asigne fondos para realizar dichos estudios.
7. Asigne una persona contacto para dar seguimiento a estos reclamos y a otros que surjan del diálogo con la comunidad.
De igual forma, tras lograr que se prohibiera por ley el depósito y disposición de cenizas tóxicas de carbón en Puerto Rico, luego de manifestaciones, cientos de arrestos de activistas y persecución de parte del gobierno, las comunidades siguen exigiendo: el cierre inmediato de la planta de carbón, anteponiendo la calidad del aire, agua y suelo, y la salud de las comunidades sobre los intereses económicos de AES, sin olvidar un plan de transición justa para las trabajadoras y trabajadores afectados por este cambio; monitoreo y descontaminación de todas las áreas del suelo y agua afectadas en Puerto Rico por el depósito de cenizas tóxicas de carbón, lo que incluye la remoción total de la montaña de esos desperdicios peligrosos en la planta en Guayama, y de la montaña de carbón allí existente; radicación de recursos legales contra AES para obligarla a asumir su responsabilidad por el daño a la salud de las personas afectadas adversamente por sus operaciones, incluyendo la implementación de un programa de monitoreo médico; y que el gobierno retire y renuncie de inmediato a cualquier negociación de contratos nuevos con la empresa AES, o cualquier otra empresa relacionada con esta compañía.
Si permitimos que la planta de carbón siga funcionando hasta el 2027, cuando por ley debe cesar la quema de carbón en Puerto Rico, algunas de las amistades que viven cerca de la planta no sobrevivirán y otros familiares enfermarán.
Más doloroso es saber que aún después de esa fecha, muchas otras personas enfermarán y morirán como resultado de la contaminación que se le permitió a AES causar durante tantos años.
El cierre de la planta de cabrón no es un asunto técnico, es un asunto de vidas.