Guánica: desperdicios contaminantes y la negligencia del estado

Por Adrián Torres Trigo

Caminar por la calle José Nazario en el Malecón de Guánica puede resultar impactante para aquellos que visitamos la comunidad, pues las huellas de los temblores aún están impresas con cruces rojas que marcan varias casas afectadas y abandonadas, y las grietas que adornan las aceras y columnas del área.

Sin embargo, el mayor peligro para las familias que luchan por sobrevivir y no ser olvidadas por el tiempo y el gobierno, está justo debajo de sus pies.

Las décadas posteriores al establecimiento del programa conocido como “Operación Manos a la Obra” y la política de industrialización establecida por el gobierno de Puerto Rico, precedió a un periodo de establecimiento de diferentes industrias químicas y petroquímicas. El sur de Puerto Rico, y la región geográfica que ocupa el municipio de Guánica, no representó una excepción a este patrón de asentamiento por parte de estos consorcios.

Desde la década de los 1950, a la par con las políticas de atracción de capital extranjero por parte del gobierno, se asentaron varios consorcios de manufactura de químicos tales como González Chemical Inc., Caribbean Nitrogen, y Ochoa Fertilizers Co. Esta última corporación, por años produjo y desechó inadecuadamente desperdicios contaminantes tales como amoníaco, sulfato de amonio, amoniaco anhidro, ácido sulfúrico, y otros compuestos químicos como parte del proceso de producción de fertilizantes.  En 1989, Ochoa le cedió parte de sus terrenos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la cual terminó contaminando la bahía y los terrenos residenciales adyacentes con el compuesto químico más relevante y dañino: Bifenilos Policlorados (PCB).

Los PCB fueron, hasta su proscripción en 1976 por parte del gobierno federal, mayormente utilizados en la producción de lubricantes, “coolants”, adhesivos, y otros compuestos usados en la producción de químicos, cuya presencia es hallada comúnmente en maquinaria pesada. De igual manera, altos niveles de PCB eran, y en muchas instancias son, comúnmente encontrados en transformadores de electricidad instalados por la AEE, previo a la prohibición federal antes mencionada.

Asimismo, el contacto humano con compuestos heterogéneos cuya cantidad de PCB sobrepasa los 50 ppm, es considerada nociva para la salud, y la exposición continua a este incurre en daños adversos al hígado, al sistema digestivo, y al aparato reproductivo.

Según un estudio del 2014, conducido por el profesor de la Universidad de Miami Nadresh Kumar, los niveles de PCB en los desperdicios sólidos hallados en el sedimento de la Bahía de Guánica y los terrenos adyacentes, sobrepasan los 129 ppm, lo que representa un claro riesgo para la salud y la vida de los residentes del área. Asimismo, el equipo de Kumar halló una considerable concentración de PCB en muestras sanguíneas tomadas a más de 150 residentes de los terrenos vecinos a la bahía y a la carretera PR-333. También se hallaron residuos de muchos de los compuestos antes mencionados en el tejido de una muestra de peces extraída de la bahía.

Amparándose en los resultados obtenidos por el estudio de Kumar, la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA por sus siglas en inglés) condujo otro estudio en el año 2022, donde se tomaron muestras de suelo en 19 propiedades distintas próximas a la bahía y a los lotes que anteriormente fueron ocupados por las susodichas compañías petroquímicas. A partir de la investigación conducidas por la EPA, se hallaron restos de talio, mercurio, PCB, y otros desperdicios altamente contaminantes.

Una residente de la calle José Nazario recibió una notificación de la EPA donde le advertía que las detecciones de talio, en el suelo de su propiedad, superaban los niveles de riesgo para este metal. Sin embargo, la misiva no contenía ninguna explicación sobre los efectos a la salud que podría tener este hallazgo. Simplemente, se le proveyó, igual que a otros vecinos, una cierta guía cuyos dictámenes les encomendaba a evitar cualquier tipo de contacto con los suelos contaminados de su propiedad. En términos coloquiales, los vecinos de los terrenos próximos a la PR-333 no pueden ni caminar descalzos en su propio patio. Más aun, la agencia federal sugirió limpiar las patas de las mascotas antes de entrar a la casa.

Luego de denominar como Lugar de Superfondo los suelos que discurren a lo largo de la PR-333 y uno de los dos lotes de los cuales se produjo la contaminación detectada, en marzo del 2023 la EPA llegó a un acuerdo con Guánica-Caribe Land Development Corporation, actual dueña del lote, para llevar a cabo una limpieza y una detoxificación de los residuos de PCB en los suelos contaminados en la comunidad e investigar cuan extensa es realmente la contaminación. Sin embargo, el plan de limpieza o la metodología con la que será llevada a cabo, no ha sido divulgada por la EPA ni por Ochoa Fertilizer Co.

De igual manera, la cantidad letal de PCB (es decir, mayor a 50 ppm) hallada en una considerable cantidad de transformadores eléctricos en el área no ha sido abordada ni reconocida por el gobierno ni por LUMA Energy. Estos transformadores cuya cantidad de PCB sobrepasa los 50 ppm, deben ser tomados en inventario y cambiados urgentemente.

La elevada cantidad de residuos tóxicos que invadieron los suelos donde caminan y viven muchas familias de la Bahía de Guánica, constituye un claro agravio a la salud pública y, por tanto, deben ser tratados y removidos de forma segura lo antes posible por las corporaciones que produjeron este desastre ambiental y humano.