Entre aplausos y controversia: PNP y PPD honran a acusado de delitos ambientales
Por Víctor Alvarado Guzmán
Secretario Asuntos Ambientales, PIP
Los aplausos se escuchaban esporádicamente en el salón, mientras el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Félix Pacheco Burgos, leía con emoción una resolución de reconocimiento. A su lado, la representante del Partido Popular Democrático (PPD), Estrella Martínez Soto, sonreía con entusiasmo y asentía ante las palabras pronunciadas. Ambos coincidían en el elogio.
El escenario era la convención anual de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), y el homenajeado, el presidente de esa entidad, Ariel Torres Meléndez.
“Ariel Torres Meléndez se ha destacado promoviendo la educación, la responsabilidad y el respeto, por sobre todas las cosas, a la ley de nuestro amado país”, expresaba Pacheco Burgos, quien mencionó con orgullo que la “sangre azul” lo unía a Torres Meléndez, pues ambos fueron agentes de la policía.
La escena, que podría parecer rutinaria en un acto de reconocimiento, adquiere otra dimensión al considerar los serios señalamientos que enfrenta actualmente el homenajeado.
Violaciones a leyes y reglamentos
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) mantiene activo un caso (22-195-B) contra Ariel Torres Meléndez y su socio, Roberto Ramos Colón, por múltiples violaciones a leyes y reglamentos ambientales. Estas infracciones están relacionadas con la construcción de un campo de tiro, promovida por Torres, que implicó excavaciones y deforestaciones ilegales en terrenos protegidos en el municipio de Salinas.
Documentos de la agencia ambiental acusan al presidente de CODEPOLA de infringir la Ley 133 del 1 de julio de 1975 (Ley de Bosques); la Ley 132 de 25 de junio de 1968 (Ley de arena, grava y piedra); la Ley 136 de 3 de mayo de 1976 (Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico); Ley 241-1999 (Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico); el Reglamento Núm. 5754 (Reglamento para el control de la erosión y prevención de la sedimentación); y el Reglamento 5300, (Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica).
Hace un año y cinco meses, mucho antes del reconocimiento otorgado por los legisladores, Ariel Torres admitió ante el DRNA que las excavaciones realizadas fueron ilegales, pero ahora intenta atenuar su responsabilidad mediante la presentación de un plan de mitigación.
Mientras tanto, las representaciones legales de la agencia y de la comunidad reclaman no solo mitigación, sino también restauración del daño causado e imposición de multas, a lo cual se opone el infractor.
El pasado 30 de octubre, en otra vista ante el DRNA, se reafirmó la violación de ley, y se estableció llevar a cabo una inspección ocular el 24 de noviembre, en el área impactada, para evidenciar el alcance real del deterioro ambiental, antes de considerar la propuesta mitigación.
En otras palabras, mientras dos legisladores del bipartidismo—los mismos que debieran velar por la defensa del interés público— exaltaban “el respeto a la ley” del presidente de CODEPOLA, este ya había aceptado los señalamientos por violar precisamente las leyes que protegen el ambiente y el bienestar colectivo.
La contradicción moral y política
El contraste entre el discurso de reconocimiento y la realidad de los hechos es tan marcado que resulta difícil de justificar.
Torres Meléndez, además de enfrentar cargos ambientales, ha sido protagonista de episodios de confrontación pública con comunidades afectadas por sus proyectos. Residentes de Ranchos Guayama en Salinas—en su mayoría adultos mayores— han denunciado que el presidente de CODEPOLA no solo los demandó, sino que también los ha insultado públicamente, llamándolos “payasos, pendejos y estúpidos”, además de proferir comentarios homofóbicos y ofensivos en redes sociales.
Las imágenes y expresiones que difunde en sus plataformas digitales —cargadas de vulgaridad, amenazas e insultos— contrastan abiertamente con la descripción del “defensor de derechos humanos y valores constitucionales” que le atribuyen los legisladores.
Que funcionarios electos de ambos partidos —PNP y PPD— se alineen públicamente con una figura señalada por comportamientos tan contrarios a la ética y la ley revela una peligrosa insensibilidad institucional. No solo intentan legitimar la conducta de quien enfrenta señalamientos por infracciones a la ley, sino que envían un mensaje equivocado: que la cercanía política o ideológica puede más que la responsabilidad moral y ética.
El silencio ante la destrucción
En el caso de la representante Estrella Martínez resulta aún más indignante su proceder, pues hace cuatro años esta fue alertada por la comunidad sobre los daños provocados por la construcción ilegal del campo de tiro promovido por Ariel Torres Meléndez.
En una carta enviada a la legisladora el 2 de diciembre de 2021, los residentes afectados solicitaron una reunión o visita al área para que pudiera constatar personalmente el impacto sobre los terrenos del Acuífero del Sur, una de las fuentes de agua más importantes del país.
En su comunicación, los vecinos denunciaron que el proyecto, amparado en un permiso limitado para remover apenas cuatro pulgadas de corteza terrestre con fines de medición, había derivado en excavaciones de hasta 25 pies de profundidad, lo que constituía una violación directa al permiso otorgado. Esta transgresión fue aceptada por Ariel Torres.
Además, los vecinos señalaron que el proponente del campo de tiro intentó rellenar las fosas con neumáticos transportados al lugar por la Guardia Nacional de Puerto Rico. Esta acción, denunciada en ese momento por la comunidad y por la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón, se logró detener pues el depósito se hizo sin los permisos requeridos.
Pese a la gravedad de las denuncias y a que los hechos fueron ampliamente difundidos por los medios, la representante Estrella Martínez nunca respondió a la carta ni visitó la comunidad. Tampoco emitió postura pública alguna tras la confirmación del DRNA de que el proyecto de Torres violó las leyes ambientales.
La inacción de la legisladora contrasta con su presencia en la convención de CODEPOLA, donde participó en el acto de reconocimiento al mismo individuo señalado por la comunidad y por el DRNA.
Mientras las comunidades defienden el derecho constitucional a un ambiente limpio, algunos funcionarios del PNP y el PPD optan por guardar silencio ante la ilegalidad y hasta premiar a sus responsables. Este tipo de contradicción —entre la defensa pública del “respeto a la ley” y el respaldo a quienes la violan— erosiona la confianza ciudadana y profundiza la percepción de impunidad que tanto daño le hace al país.
Premiar a quien destruye, contamina e intimida, mientras se ignora el sacrificio de quienes protegen la tierra, el ambiente y el bienestar colectivo, es reflejo de un país donde los valores se trastocan y la justicia se acomoda a conveniencia.
En un momento en que Puerto Rico necesita coherencia y liderazgo ético, los reconocimientos ofrecidos a un confeso violador de leyes ambientales son, sin duda, el eco más triste de una política desconectada del pueblo y de la defensa del bien común.